La Audiencia Nacional ha anulado una sanción por obstrucción a las actuaciones de la Administración tributaria impuesta a una empresa que se negó a dar acceso a sus equipos informáticos a la Inspección, que no contaba con auto judicial, sino solo con una autorización administrativa. Este criterio contrasta con el que mantuvo el TEAC en una resolución reciente y se produce mientras el Tribunal Supremo tiene pendientes varios recursos de casación sobre estas mismas cuestiones.
En los últimos años viene siendo práctica cada vez más habitual que los actuarios de la Inspección acudan a las oficinas de las empresas (sin aviso previo y acompañados de técnicos de la Unidad de Auditoría Informática) para requerir el acceso a ordenadores y servidores, y examinar y hacer copia de la contabilidad y del resto de la información que consideran con trascendencia tributaria. Todo ello amparados en una autorización de entrada firmada por la autoridad administrativa competente y no en un auto judicial.
Ante este tipo de actuaciones, se viene planteando si la negativa de los contribuyentes a dar acceso a los dispositivos electrónicos puede constituir la infracción tributaria por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria prevista en el artículo 203 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), que puede dar lugar a sanciones de hasta el 2% de la cifra de negocios.
Esta cuestión ha sido analizada en dos pronunciamientos recientes del TEAC y de la Audiencia Nacional que, sin embargo, la han tratado y resuelto de forma dispar.
En el caso analizado por el TEAC en su resolución de 23 de junio de 2026, la Inspección se personó en el domicilio social sin auto judicial, provista únicamente de una autorización administrativa. El administrador se negó a facilitar el acceso a los equipos alegando que se encontraban en un domicilio constitucionalmente protegido. Para la Inspección, ello no suponía obstáculo alguno, ya que los ordenadores se podían poner a su disposición en otra dependencia que no gozara de esa protección. La empresa ofreció la documentación en papel, pero no el acceso a los dispositivos, y fue sancionada por obstrucción a las actuaciones de la Administración tributaria.
El TEAC avala en su resolución la actuación de la Inspección y sostiene que lo sancionado no fue impedir la entrada en el domicilio, sino la falta de puesta a disposición, en cualquier dependencia ajena al espacio constitucionalmente protegido, de los datos con trascendencia tributaria contenidos en los equipos informáticos. Para el TEAC, resultaba “ocioso” discutir qué espacios estaban protegidos o qué efectos tenía la falta de autorización judicial, ya que, a su juicio, bastaba con invocar las facultades ordinarias que reconocen los artículos 142 y 151.3 de la LGT y el artículo 171 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, que, en síntesis, permiten a la Inspección examinar la contabilidad, los libros registro y el resto de la documentación en soporte informático.
En el caso analizado por la Audiencia Nacional (sentencia de 26 de septiembre de 2026), la Inspección se personó en las oficinas de una empresa, de nuevo sin auto judicial y solo con una autorización administrativa. Tras esperar en la sala de trabajo del personal administrativo a que alguien autorizara el acceso a los ordenadores, se le denegó dicho acceso porque los equipos contenían información personal del administrador.
La empresa también fue sancionada por obstrucción a las actuaciones de la Administración tributaria. La Inspección y, posteriormente, el TEAC sostuvieron que no hacía falta auto judicial porque los actuarios no habían entrado ni pretendían entrar en las dependencias que podrían ser consideradas domicilio constitucionalmente protegido. Es decir, entendieron que el domicilio de una empresa se puede deslindar, de forma que determinadas dependencias podrían gozar de la protección constitucional y otras no.
La Audiencia Nacional rechaza de plano esa visión, que tacha de “más que cuestionable”. Con apoyo en la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2023, considera que, sin consentimiento del titular, el acceso a la información de los equipos exige autorización judicial. Por ello, concluye que sancionar la negativa a dar acceso a los dispositivos informáticos supone “represaliar el legítimo ejercicio de un derecho fundamental”.
Como es sabido, las solicitudes de acceso a dispositivos electrónicos inciden directamente en el ejercicio de derechos fundamentales. No solo en el derecho a la inviolabilidad del domicilio constitucionalmente protegido, sino también en derechos de nueva generación como el “derecho al entorno virtual” (acuñado así por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, entre otras, en su sentencia de 17 de abril de 2013). Esta jurisprudencia impulsó, de hecho, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, que introdujo una minuciosa regulación de las garantías materiales y procesales para el acceso a dispositivos electrónicos y sistemas de almacenamiento masivo de información (memorias USB, servidores o la denominada “nube”) y su registro.
Esa pormenorizada regulación contrasta, no obstante, con el absoluto vacío normativo en el ámbito contencioso-administrativo para autorizar actuaciones como las descritas en el entorno digital (tanto dentro como fuera del domicilio constitucionalmente protegido).
En este contexto, cabe esperar que el Tribunal Supremo, al resolver los asuntos que tiene pendientes, establezca una jurisprudencia sólida que proporcione seguridad jurídica en relación con este tipo de actuaciones y sus posibles consecuencias sancionadoras. El Alto Tribunal ha admitido, mediante dos autos de 29 de mayo de 2026 (recursos 4788/2025 y 4994/2025), sendos recursos de casación para aclarar si el acceso a ordenadores y repositorios de datos exige siempre, cualquiera que sea el lugar en que se encuentren dichos dispositivos, una autorización judicial que justifique de manera específica su idoneidad, necesidad y proporcionalidad, o si basta con que lo acuerde directamente la Administración tributaria al amparo de los artículos 113 y 142 de la LGT.
Por otro lado, en relación con la vertiente sancionadora de la negativa a permitir el acceso a dispositivos electrónicos, el Tribunal Supremo, en su auto de 23 de septiembre de 2026 (recurso 8049/2025), muy similar a los anteriores, plantea además si “la negativa de un obligado tributario a permitir el examen o la obtención de copias de la información contenida en ordenadores, o dispositivos de almacenamiento masivo de información digital o repositorios telemáticos de datos constituye una infracción tributaria por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria prevista en el artículo 203 de la Ley General Tributaria”.
Finalmente, destaca también el auto del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2026 (recurso 2113/2025), que admite un recurso de casación que trae causa de un registro domiciliario en el que la Inspección accedió a los datos informáticos del profesional recurrente. En este recurso, el Tribunal Supremo acuerda “determinar si la habilitación contenida en el artículo 8.6 de la LJCA que otorga competencia a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo para autorizar la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular debe contar con el rango de Ley Orgánica, y, si dicho artículo 8.6 LJCA respeta el estándar exigible de «calidad de la Ley» en los términos requeridos por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en interpretación del artículo 8.2 CEDH”.
El criterio que fije el Tribunal Supremo en este último asunto resultará determinante, pues lo que se cuestiona es (i) la propia competencia de los juzgados de lo contencioso-administrativo para autorizar medidas que puedan suponer una injerencia en el derecho a la inviolabilidad del domicilio y en el derecho al entorno virtual; y (ii) la calidad y el rango de la ley, en los términos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al interpretar el artículo 8.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (es decir, si la ley es clara, previsible y accesible para los afectados).
