Con el fin de reforzar el control y la recaudación, así como de incentivar modelos logísticos más eficientes y sostenibles, está previsto que, desde mediados de 2028, se elimine la franquicia arancelaria de 150 euros y que, transitoriamente, se introduzca una tasa arancelaria de 3 euros. Además, se prevé introducir un handling fee o tasa de gestión por cada paquete e incentivar el uso de IOSS (import one stop shop) para simplificar el despacho aduanero.
Más del 65 % de los paquetes del comercio electrónico (e-commerce) que llegan a la Unión Europea (UE) se declaran por debajo de su valor real. Este dato, recogido en los análisis de la Comisión Europea, ilustra la magnitud del reto al que se enfrenta la UE para gestionar el creciente volumen del comercio electrónico transfronterizo y el elevado nivel de incumplimiento detectado en muchas de estas importaciones. Como respuesta, las instituciones europeas están impulsando un conjunto de medidas en el ámbito aduanero y del IVA que tendrán importantes consecuencias para las empresas que operan en el sector del e-commerce.
La propuesta de reforma aduanera presentada por la Comisión Europea en 2023 partía de un diagnóstico claro: el marco normativo vigente no estaba preparado para gestionar adecuadamente el comercio electrónico transfronterizo de escaso valor. El crecimiento exponencial de envíos procedentes de terceros países —millones de paquetes diarios con bajo valor unitario— puso de manifiesto importantes limitaciones en los sistemas de control. También evidenció problemas significativos de cumplimiento fiscal y de competencia leal.
Uno de los problemas centrales identificados fue el uso indebido de la franquicia aplicable a los envíos de bajo valor (aquellos con un importe inferior a 150 euros). Este régimen permitió a muchos operadores declarar valores inferiores a los reales, fragmentar envíos o eludir obligaciones aduaneras y fiscales, lo que generó pérdidas relevantes de recaudación y un incremento del fraude. Esta situación creó, además, una clara ventaja competitiva para vendedores no establecidos en la UE frente a los europeos, reforzando la necesidad de garantizar la igualdad de condiciones entre operadores.
A estas consideraciones fiscales y de competencia se añade la preocupación medioambiental. El elevado número de paquetes que llegan diariamente a la UE tiene un impacto significativo en términos de transporte, emisiones y residuos. Las medidas adoptadas persiguen, por tanto, no solo reforzar el control y la recaudación, sino también incentivar modelos logísticos más eficientes y sostenibles.
Las principales medidas aduaneras y en materia de IVA se resumen a continuación.
Eliminación de la franquicia arancelaria de 150 euros
En noviembre de 2025, la Comisión Europea anunció la supresión de la exención de derechos arancelarios para los envíos de bajo valor, una medida ya prevista en el proyecto de reforma aduanera de 2023.
La reforma propone también que las plataformas que participen en las ventas online asuman la consideración de «importadores» de las mercancías y, con ello, la responsabilidad de todas las formalidades y pagos aduaneros asociados. Bajo este nuevo esquema, las plataformas cobrarán los derechos de aduana en el momento de la venta y los ingresarán en sus respectivos Estados miembros, de forma similar a lo que ya ocurre con el IVA.
Para simplificar la determinación del arancel aplicable y mantener la carga administrativa en niveles razonables, el proyecto de reforma prevé un sistema simplificado de valoración y clasificación. Las mercancías se agruparán en cinco categorías, cada una con un tipo arancelario asociado de entre el 0 % y el 17 %.
La entrada en vigor plena de esta medida está prevista para mediados de 2028, una vez esté operativo el Centro Aduanero de Datos de la UE. Este centro actuará como interfaz aduanera única para todos los Estados miembros y proporcionará a los operadores las funcionalidades necesarias para aplicar el sistema simplificado de cálculo de derechos.
El objetivo principal de esta reforma es doble: eliminar la ventaja competitiva de la que actualmente disfrutan muchos vendedores establecidos fuera de la UE y reducir el fraude asociado a la infravaloración de los envíos. La atribución de la responsabilidad arancelaria a las plataformas contribuirá, además, a evitar que los consumidores se enfrenten a gastos inesperados en el momento de la entrega de sus compras.
Establecimiento de una tasa arancelaria de 3 euros como solución transitoria
Para anticipar los efectos de la eliminación de la franquicia, los Estados miembros han acordado establecer, como medida transitoria, una tasa arancelaria general de 3 euros por envío de bajo valor. Esta tasa entrará en vigor en julio de 2026 y permanecerá vigente hasta la aplicación definitiva de la reforma aduanera. La medida afectará principalmente a los envíos vinculados a ventas en las que el vendedor no comunitario esté registrado en el IOSS (sistema de ventanilla única para la liquidación del IVA de importación en las ventas a distancia). Según las estimaciones de la Comisión, esto abarcaría aproximadamente el 93 % de los paquetes del comercio electrónico.
Introducción del ‘handling fee’ o tasa de gestión aduanera
A las medidas anteriores se podría sumar la introducción de un handling fee o tasa de gestión por cada paquete, cuyo importe se situaría entre 1 y 2 euros. Esta tasa tendría como finalidad compensar los costes administrativos derivados de la supervisión de millones de envíos diarios. Al margen de que finalmente se apruebe su aplicación a nivel europeo, algunos Estados miembros —como Francia, Rumanía o los Países Bajos— ya han introducido o están considerando introducir este tipo de tasas a nivel nacional.
Otras medidas complementarias en materia de IVA
Desde 2021, todas las importaciones quedaron sujetas a IVA tras la eliminación de la franquicia prevista para los envíos inferiores a 22 euros. Para facilitar su gestión y liquidación, se estableció un sistema opcional de ventanilla única: el import one stop shop (IOSS). Las reformas adoptadas persiguen incentivar el uso del IOSS, permitiendo la recaudación del IVA de forma anticipada y simplificando el despacho aduanero. A partir de julio de 2028, los comerciantes o plataformas establecidos fuera de la UE pasarán a ser los deudores del IVA correspondiente a los bienes importados, que se devengará en el Estado miembro de destino final, de forma que ya no se podrá trasladar esta responsabilidad al consumidor. Quienes no utilicen el IOSS se deberán registrar en cada uno de los Estados miembros en los que realicen ventas.
Aunque muchas de las medidas descritas se encuentran todavía en fase de proyecto, la dirección marcada por la UE es inequívoca. La reforma planteada supone un cambio sustancial en la forma en que las empresas de comercio electrónico deberán estructurar sus operaciones en el mercado europeo. En este contexto, las empresas que operan en el ámbito del e-commerce —ya sea como vendedores, plataformas digitales o intermediarios logísticos— deberán evaluar su grado de exposición a estos cambios. El seguimiento de los desarrollos normativos y la planificación anticipada serán elementos clave para afrontar este nuevo escenario.
